El Partido Popular ha apelado al grupo del Partido Popular Europeo, liderado por Manfred Weber de la formación conservadora alemana Unión Social Cristiana (CSU), para bloquear la constitución de la Comisión Europea pactada por las principales fuerzas políticas de la Unión Europea. La Comisión, cuya presidenta Úrsula von der Leyen repetirá mandato, es una suerte de poder ejecutivo de la Unión Europea.
El bloqueo es el resultado de la decisión de sabotear la candidatura de la ministra española Teresa Ribera al cargo de vicepresidenta de la CE para Competencia y Transición Justa y Limpia. La oferta del cargo a Ribera formó parte de las negociaciones que la presidencia de la CE hizo para lograr una propuesta en bloque de sus comisarios, evitando una votación individualizada. Los comisarios propuestos sí pasan un examen frente al Parlamento Europeo antes de la votación en bloque.
Tradicionalmente el pacto para los miembros de la Comisión se hace entre las “familias” que han conformado las mayorías y que incluye a los partidos socialdemócratas, los populares europeos y los liberales y verdes. El paquete se había acordado esta vez como siempre, hasta que la DANA generó una seria crisis política en España. A partir de ella el PP, tras unos días de confusión, ha decidido proyectar las crisis española hacia la UE en una operación que refleja bastante más que los problema provocados por un episodio climatológico extremo en Valencia.
En los hechos la colaboración con el PP español de Weber es sólo el pretexto para romper con la regla de juego similar al de la gran coalición alemana que ha primado en los pactos dentro de la UE desde su fundación. Weber aspira a una reestructuración en las derechas europeas subsidiaria del avance del trumpismo en Estados Unidos. El PPE puede inclinarse hacia la derecha y aliarse ahora con el grupo de Giorgia Meloni, Conservadores y Reformistas Europeos, y al de Viktor Orban Patriotas por Europa, al que adhiere Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen.Pero también hay que tener en cuenta que el escenario en el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de gobierno de los 27 y que es quien al final acepta o rechaza las propuestas políticas cambiará tras las elecciones alemanas y ni que hablar si cae el gobierno en España.
El PPE ha impuesto la postergación de la votación para el cargo de Teresa Ribera hasta después de su comparecencia en el Congreso español el 20 de noviembre. Weber ha exigido que Ribera declare de forma pública que en caso de ser encausada penalmente por la catástrofe en Valencia dimita de su cargo en la CE. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha sugerido que la denuncia penal contra la ministra está al caer. El movimiento del PPE ha pateado el tablero y ha generado una situación sin precedentes en la UE.
Las líneas rojas que primaron en el pasado han sido borradas sin contemplación en una Europa en guerra. Alemania, la locomotora económica europea, se encuentra sumergida en una crisis económica que la ha dejado técnicamente en recesión, mientras el gobierno de coalición ha caído y se han convocado elecciones para febrero de 2025. Los sondeos de opinión muestran como probable vencedor de esas elecciones al nuevo presidente del CDS, que va en coalición con la CDU, Friedrich Merz. Éste no se ha pronunciado sobre la crisis de gobernabilidad en la UE lo cual es en los hechos un respaldo a Weber.
La operación de Weber ha sido un golpe difícil de encajar para la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, quien pactó su gabinete con los jefes de estado correspondientes de acuerdo con las normas no escritas que imperaron en el pasado. Pensó que contaba como siempre con el respaldo del PPE y no vio venir el cambio de rumbo que la oportunidad brindó a Weber. Ahora el PSOE y los socialistas europeos afirman que si Ribera se cae del acuerdo no votarán a los candidatos pactados con Italia y Hungría en respuesta a la jugada del PPE. Pero esta es una reacción sin consecuencias reales, El PPE puede dar su voto a esos candidatos junto a la ultraderecha para resolver la cuestión sin tener que ofrecer a Ribera un cargo muy relevante como el de Competencia.
La colaboración de Manfred Weber con la estrategia del PP español
El Partido Popular ha rechazado la tregua propuesta por la coalición de gobierno entre PSOE y Sumar. El presidente del gobierno Pedro Sánchez propuso postergar el ajuste de cuentas por las responsabilidades en una catástrofe que ha costado de momento 219 muertos, con un número indeterminado de desaparecidos. Por su parte el PP ha rechazado esta complacencia y ha decidido atacar al gobierno para evitar cargar en solitario con la responsabilidad de la gestión negligente que ha jugado un papel decisivo en el desenlace mortal del episodio climatológico. El centro de la acusación contra el Gobierno es que no ha transmitido el cuadro real de la situación de emergencia. Y para ello ha hecho foco en Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La pregunta de porqué el PP no ha aceptado este puente de oro está relacionado con la debilidad del gobierno. Ante la población de Valencia el ejecutivo nacional se lavó las manos en la lluvia de la DANA y ante la evidencia de la incapacidad de las autoridades regionales no decretó el estado de emergencia que le permitía tomar en sus manos la operación de rescate. Quizá sea por ello que cuando el dirigente de Compromis Joan Baldoví anunció que su grupo presentará una moción de censura en el Parlamento Valenciano, el PSOE se negó a apoyar la iniciativa. La coalición PSOE Sumar sufre además las consecuencias de las denuncias contra el portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, por violencia sexual, y la percepción es que el PSOE carece de futuro político. El PP quiere precipitar como sea unas elecciones anticipadas, otra cosa es que lo logre.
La propuesta tácita de Sánchez es dejar reposar las responsabilidades como una forma de mutuo encubrimiento aun cuando la responsabilidad central recayera sobre las autoridades autonómicas de Valencia. Es una forma de sustraerse a la evidencia de que ante la falta de respuesta de la autoridad local no actuó. El Gobierno se ampara en el argumento de que constitucionalmente esa responsabilidad es competencia del gobierno autónomo, y que el desconocimiento directo de la región y sus recursos hubiera creado más problemas que soluciones. Este es un argumento insostenible toda vez que tomar el mando supone poner a su servicio todos los instrumentos de la autonomía además de los estatales.
La percepción de la debilidad del Gobierno llevó al PP a apoyar al presidente de la Generalitat valenciana quien defiende su actuación de forma inverosímil, y apelar al bloque del PPE que desde las elecciones de junio al Parlamento Europeo se ha convertido en la primera fuerza política europea. De esta forma la crisis política en España se ha desplazado a la Unión Europea. La sistemática adaptación de los partidos de centro a la derecha en auge, está en la base de este cambio de marcha.
Por su parte los socialistas y sus aliados parlamentarios, como es el caso de Alemania y de España, pierden votos a expensas de sus políticas de concesiones más o menos encubiertas a las patronales, a la banca y a las aseguradoras en medio del brote inflacionario surgido al socaire de la guerra de la OTAN en Ucrania y combatido por medios recesivos. La guerra está en la base de la crisis política de la UE y es el motor más profundo del malestar social, los trabajadores se deben posicionar en su contra y en contra del apoyo que la UE da a Israel en el genocidio del pueblo palestino. El empuje global hacia la guerra desborda las fronteras y forma parte del escenario de empobrecimiento de las masas. La crisis de la UE es un episodio más de su tendencia a la disgregación acelerado por la guerra y la descomposición capitalista.
El caso español es flagrante. Tras la crisis internacional desatada en 2008 España, que carece de autonomía para ajustar el valor de su moneda porque está dentro del euro, apeló a una devaluación interna colosal. Esa devaluación se centro en los costes salariales unitarios, es decir en el recorte a los ingresos de los trabajadores. Para lograr ese objetivo el PP contó con la colaboración de la burocracia sindical, CCOO y UGT, que se adaptó a esa política argumentando que era central para la preservación del empleo. Pero la desocupación subió a dos dígitos y bordeó el 20%. Aun hoy sigue en los dos dígitos en torno al 11%. Mientras tanto los salarios prácticamente no se han recuperado de esa devaluación de caballo.
Es decir que la competitividad de España frente al resto de Europa se basa en la miseria salarial de sus trabajadores. La burguesía española se ha mostrado incapaz de incrementar la competitividad sobre la base de la renovación de su base industrial. Finalmente, el papel clave lo juega el sector de servicios, con el turismo como bandera. Este es el secreto del “éxito económico” de España cuya economía este año crecerá un miserable 3% superando al resto de las principales economías del continente. Mientras tanto el ajuste que prepara el gobierno para hacer frente a la reducción de su déficit fiscal va a reforzar el ataque contra la sanidad, la educación, las pensiones y todas las prestaciones públicas.
Frente a esto los trabajadores españoles deben desplegar una ofensiva para lograr la independencia de sus organizaciones de lucha y debatir un programa que permita el reagrupamiento de sus fuerzas. Llevamos más de una década de lucha por la sanidad y la educación públicas, en defensa de las pensiones, sin que esa batalla cristalice en una ofensiva generalizada porque las direcciones de esos movimientos evitan su convergencia en un movimiento de huelga general mientras buscan el pacto con las fuerzas parlamentarias. Lo mismo ocurre con el salario en las paritarias.
Por un gobierno de los trabajadores
Por los estados unidos socialistas de Europa
